¿Qué más falta?

La mañana comenzó con la manifestación que un grupo de mujeres realizo frente a la Milla de Oro en Hato Rey, corazón mismo del poder económico de la Isla. Allí, encadenadas justo frente al Banco Popular, reclamaban –como muchos antes que ellas- que el Gobierno paralice los despidos anunciados, acogiendo alguna de las decenas de alternativas que han sido presentadas como antídoto a la crisis económica.
A esa misma hora, en Ponce, manifestantes subían a las famosas letras con el nombre del pueblo para exigir lo mismo. En el Recinto de Río Piedras de la UPR la historia no era distinta.
Y mientras ello sucedía, el Senado aprobaba según informes utilizando el mecanismo de descargue la eliminación de la colegiación obligatoria en una movida que según el liderato del Colegio ha de ser calificada como “terrorismo legislativo”. La ex presidenta del Colegio, Celina Romaní conversó conmigo hoy e indico que se trata de “revanchismo”. “El colegio siempre ha sido la voz cantante y la voz que educa al pueblo sobre sus derechos (en una coyuntura como esta), así que el silenciamiento cobra unas dimensiones mas peligrosas en el contexto de lo que esta ocurriendo en el país. Es un dia que pasara a la historia como uno muy triste porque se trata de mutilar el ciudadano institucional mas importante que ha tenido este país”.
Minutos mas tarde, el Tribunal Supremo emitió una opinión en la que valida el derecho a los ex gobernadores a tener escolta, argumentando que ese privilegio es un derecho adquirido. La determinación del máximo foro judicial local se dio en votación de 4 a 3 (con la abstención de Anabelle Rodríguez) y fue aprobada por los jueces nombrados por gobernadores del Partido Nuevo Progresista, que son mayoría en el Supremo.

El Juez Presidente y la jueza asociada Ileana Fiol emitieron opiniones disidentes. La orden revoca un fallo del Tribunal de Apelaciones y concluye que a los ex gobernadores se les afectó "directa y sustancialmente un derecho adquirido que se encontraba ya en el patrimonio de los peticionarios". Lo anterior no ha hecho otra cosa que echar mas leña al fuego del malestar publico, como si las brasas no estuvieran ardiendo a rabiar. Si lo sucedido no ha sido premeditado, cuando menos ha sido torpe e importuno en la actual coyuntura. Habrá que ver si el Supremo utiliza el mismo argumento de “derecho adquirido” cuando lleguen a sus manos los casos de los empleados públicos despojados de sus derechos y empleo.