Desde hace semanas, los residentes del llamado G8 –grupo de comunidades que compone el Fideicomiso de la Tierra del Caño de Martín Peña- ha levantado su voz para denunciar la intención del gobierno de echar atrás una iniciativa novel en el apoderamiento de las comunidades.
Me explico. El proyecto del Fideicomiso surgió hace cerca de 8 años y con él las agencias públicas o cualquier entidad gubernamental traspasaba la titularidad de los terrenos a las comunidades que componen el G8. Precisamente la Junta del Fideicomiso determinaba el uso que la comunidad daría a las tierras, contrario al modelo tradicional en el que los políticos son los que deciden (en ocasiones ayudados por una buena tajada de billetitos verdes).
Todo lo anterior comenzó a revertirse ayer jueves cuando el senado aprobó, como ladrón en la noche y por el abusado mecanismo de “descargue” un proyecto de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz y la senadora Kimmey Rasckey que revierte lo logrado por el Fideicomiso y que dejaría en manos de las agencias o dependencias gubernamentales decidir si traspasa o no los terrenos a los vecinos del G8. Y, claro, esa decisión seguro que tendra mucho que ver con la privilegiada ubicación del G8, a solo pasos de la Milla de Oro. El proyecto del Senado tiene su contraparte en la Cámara y si ambos se aprueban deberán pasar a la firma del Gobernador.
Me explico. El proyecto del Fideicomiso surgió hace cerca de 8 años y con él las agencias públicas o cualquier entidad gubernamental traspasaba la titularidad de los terrenos a las comunidades que componen el G8. Precisamente la Junta del Fideicomiso determinaba el uso que la comunidad daría a las tierras, contrario al modelo tradicional en el que los políticos son los que deciden (en ocasiones ayudados por una buena tajada de billetitos verdes).
Todo lo anterior comenzó a revertirse ayer jueves cuando el senado aprobó, como ladrón en la noche y por el abusado mecanismo de “descargue” un proyecto de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz y la senadora Kimmey Rasckey que revierte lo logrado por el Fideicomiso y que dejaría en manos de las agencias o dependencias gubernamentales decidir si traspasa o no los terrenos a los vecinos del G8. Y, claro, esa decisión seguro que tendra mucho que ver con la privilegiada ubicación del G8, a solo pasos de la Milla de Oro. El proyecto del Senado tiene su contraparte en la Cámara y si ambos se aprueban deberán pasar a la firma del Gobernador.
La medida me parece un enorme retroceso en el proceso de apoderamiento social y de autogestión, y plantea un empujón a la agenda gubernamental que en ocasiones parece descartar a las comunidades a la hora de tomar decisiones sobre sus tierras. Eso, por no hablar del desplazamiento que era la norma antes de la aprobación del Fideicomiso. Ya sabes: sacamos a los pobres para construir para los ricos. Lo peor de todo es que la aprobación por descargue se dio sin siquiera avisar a las comunidades afectadas.
La aprobación contó con los votos de la mayoría del PNP y los votos en contra de la minoría popular, a excepción del senador Juan Eugenio Hernandez mayoral quien se abstuvo. El senador PNP Roberto Arango también se abstuvo.
